• Si el gobierno de López Obrador quiere saber la verdad sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, es imprescindible que abra un diálogo con la sociedad, y proteja a quienes den información.

Deutsche Welle .- Llegué a la ciudad de Iguala, Guerrero, a fines de octubre de 2014, en medio de un rústico pero eficaz plan de seguridad, con mi colega Steve Fisher, del Programa de Periodismo de Investigación de la Universidad de Berkeley, California. Rentamos un coche austero recién llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México, que nos daba alguna ventaja de pasar anónimos por el mayor tiempo posible. Si alguna autoridad comenzaba a vigilar nuestros movimientos no podía identificarnos inmediatamente con el número de placa.

En aquel entonces me vi forzada a vivir en Berkeley luego de cuatro años infernales bajo amenaza por mis denuncias documentadas  sobre el involucramiento de funcionarios del más alto nivel del gobierno de México con el Cartel de Sinaloa, desde el presidente Felipe Calderón, hasta secretarios de Estado, jefes policiacos, militares, gobernadores y congresistas.

Me fui a Berkeley queriendo no volver a México, por un larguísimo tiempo. La vida de mis dos hijos y la mía estaba destruida, demolida, y quería intentar reconstruir con los trozos que quedaban un refugio para mis hijos. Ese era el plan cuando llegué a la bahía de San Francisco a fines de agosto de 2014, pero todo cambió la fatídica noche del 26 de septiembre de ese año: cien estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos fueron brutalmente atacados en Iguala con armas de fuego; y al final del ataque, 43 de ellos desaparecieron. Se esfumaron.

La versión oficial del Presidente Enrique Peña Nieto, el Procurador General de la República,  Jesús Murillo Karam, del Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, es que los estudiantes habían ido a Iguala a boicotear un evento político de la esposa del Alcalde de Iguala, y este, enojado, ordenó a la Policía Municipal atacar y desaparecer a los estudiantes con apoyo de un grupo local de delincuentes cercanos a su esposa, que tenía familiares que habían pertenecido al crimen organizado. Supuestamente los 43 jóvenes fueron asesinados y quemados en un basurero esa misma noche hasta quedar en cenizas.

Cuando llegamos, el ambiente que se respiraba en Iguala era tenso, lúgubre. Arribamos varios meses antes que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo había obtenido ya, por un informante, documentos secretos del expediente criminal abierto sobre el ataque y desaparición. Ese fue mi punto de partida. Hice un plan de trabajo con Fisher, quien llevaría el registro puntual fotográfico y en video del trabajo de investigación que estaba comenzando.

Tracé la ruta por donde pasaron los autobuses desde su llegada a Iguala, hasta que entraron a la ciudad. Identifiqué las calles por las que cruzaron primero dos autobuses y luego los otros tres que ellos secuestraron esa noche. Soy una periodista que hace investigación documental pero, sobre todo, mi mayor capacidad está en la investigación de campo. Identifiqué nombre por nombre a los estudiantes que habían sobrevivido al ataque y llamé a la escuela para poder entrevistarlos. Aceptaron.

Nosotros no  fuimos de los periodistas que se quedaron en Ayotzinapa en los campamentos con los padres de los 43 desaparecidos y los muchachos sobrevivientes. Tampoco fuimos a las protestas. Fuimos los periodistas que nos mantuvimos,  lo más posible, al margen de las emociones y la impotencia ante la tragedia, para buscar objetivamente la verdad donde quiera que esta se encontrara y cualquiera que esta fuera. Yo quería saber qué había pasado y dónde estaban.

Entrevisté a varios estudiantes sobrevivientes. Recorrimos las calles por donde ocurrieron los ataques e intenté entrevistar a las personas. Podía leer el terror en sus ojos ante mi pregunta: "¿Usted estaba en su casa cuando ocurrieron los hechos?" "¿Qué fue lo que vio o escuchó?"  Lo que decían sus ojos lo negaban sus palabras. Todos estaban fuera de Iguala, de visita en otra ciudad. Los comerciantes cuyos negocios estaban abiertos a esa hora, los vecinos, los transeúntes y conductores que circulan cotidianamente por esa ruta a esa hora. Todos negaban haber escuchado o visto algo y de inmediato cerraban cualquier posibilidad de conversación.

Ese fue el primero de muchos viajes que realicé durante dos años de investigación del caso de los 43.

Fue poco a poco, a fuerza de regresar a tocar la misma puerta, que los testigos comenzaron a narrar esa noche de terror. Lloraban, temblaban, sentían culpa por no haber hecho nada. Un profesor estaba en shock porque el día posterior al ataque había tenido que limpiar la pared exterior de su casa salpicada de sangre. Así logré ver el ataque desde 360 grados. Los estudiantes sobrevivientes no habían podido ver todos los ángulos de la escena porque se ocultaron para protegerse de los disparos mientras sus compañeros estaban siendo desaparecidos. Así que solo se percataron de algunas cosas. Gracias al testimonio de los vecinos supe que los estudiantes no solo fueron atacados por policías federales y municipales uniformados, sino por personas vestidas de civil. Varios coincidieron en que parecían militares.

Vi tres de los cinco autobuses en los que viajaban los estudiantes cuando fueron atacados. Estaban en un corralón de grúas, empolvados, expuestos a la lluvia, sin ningún sello de inviolabilidad en las puertas o ventanas. Pese a que los autobuses eran la escena del crimen, nadie los protegió.

Tenía en mis manos los expedientes de los policías municipales de Iguala y Cocula que se supone habían confesado que ellos habían hecho todo. Que eran culpables. Pero sus testimonios eran contradictorios entre ellos. Cada uno contaba una versión distinta aunque se supone habían cometido juntos el crimen en el mismo lugar, a la misma hora.

Entonces analicé los dictámenes médicos que les practicaron después de su ‘confesión de culpabilidad'. Todos presentaban heridas, golpes, quemaduras. Muy similares entre una persona y otra. Hombres y mujeres.

Consulté a un médico especialista y me dijo que eran signos de quemaduras con toques eléctricos y torturas. Sólo uno de los policías, Alejandro Lara, se había atrevido a decir en su ´confesión´ que había sido torturado y quería poner una queja.

Hablé con las esposas de los policías a quienes el gobierno y la opinión pública habían crucificado en vida, acusándolos de ser culpables. A la gran mayoría de ellos los había detenido la Policía Federal, la policía de la PGR, y el Ejército. Fueron torturados en instalaciones del gobierno federal con toques eléctricos en órganos genitales, oídos y boca. Y muchos fueron incluso abusados sexualmente para obligarlos a firmar confesiones. También fueron torturadas personas que fueron detenidas en la vía publica acusadas de pertenecer al grupo criminal Guerreros Unidos. El gobierno había arrestado a más de cien personas para cerrar el caso, y más del 80 por ciento habían sido torturados. Y no se encontró a los estudiantes. Meses después, peritos expertos internacionales confirmaron que la cremación en el basurero nunca existió. Que se sembró en una bolsa de basura supuestamente encontrada en un río un hueso quemado de un estudiante identificado como Alexander Mora. Del resto de su cuerpo y de los otros 42 no se sabe nada.

Descubrí y documenté, contrario a lo que decía el gobierno de Peña Nieto, que elementos del 27 Batallón Infantería habían vigilado a los estudiantes desde que salieron de Ayotzinapa hacia Iguala, es decir cuatro horas antes de los ataques. Los siguieron y estuvieron presentes y dispararon durante el ataque vestidos de civil usando vehículos no oficiales. Esto está documentado ampliamente. Uniformados, atacaron la Policía Federal, la Policía Estatal y policías de la base de la PGR en Iguala. Todos contra cien jóvenes estudiantes de entre 16 y 22 años de edad.

El ataque se concentró en dos de los cinco autobuses en que viajaban los estudiantes. Las fotografías tomadas por los peritos esa noche y los dictámenes realizados en los siguientes días, de los cuales tengo copia, muestran que estos dos autobuses  fueron el blanco  del ataque. De esos dos buses desaparecieron los 43 estudiantes.

Desde hace 15 años investigo la relación de complicidad entre los carteles de la droga en México y oficiales del gobierno. Consulté a una  fuente de información que tengo que era cercana al Cartel de los Beltrán Leyva que por años han controlado el estado de Guerrero, porque ahí se siembra  la amapola de donde se fabrica la heroína.

Esa fuente me reveló que en esos dos autobuses iba un cargamento de heroína con un valor de más de dos millones de dólares. Los estudiantes habían tomado esos dos camiones al azar, sin saber que tenían la droga. Iban a usarlos para viajar a la ciudad de México y participar en la protesta del 2 de octubre para recordar la masacre de Tlatelolco perpetrada por el Ejército Mexicano contra estudiantes en 1968.

El dueño de la droga era un capo que, según la misma fuente, ordenó a integrantes del 27 Batallón de Infantería recuperar la mercancía a cualquier costo. Los militares tenían desde dos años atrás control total de la ciudad y coordinaban a todas las fuerzas policiacas.

Desde las primeras horas de la desaparición, había todas las pruebas periciales y testimoniales de que señalan que elementos del 27 Batallón de Infantería coordinaron el ataque y la desaparición. Llegaron los días siguientes llamadas al teléfono de emergencia de Iguala de ciudadanos que anónimamente decían que algunos estudiantes habían sido llevados al 27 Batallón, y otros a distintos puntos de la zona.

Toda esta información la fui publicando en diversos reportajes en la revista Proceso desde el 13 de diciembre de 2014. Y luego en mi libro La Verdadera Noche de Iguala, en diciembre de 2016. Los abogados de los padres de los normalistas desaparecidos, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y miembros de Naciones Unidas me pidieron compartir con ellos información que iba recabando. Ellos, por su propia ruta, llegaron a conclusiones similares.

¡Han pasado cinco años!, cinco, de que los padres y las madres de los  43 no pueden abrazar a sus hijos o siquiera llorarles en una tumba. Sé que el nuevo gobierno encabezado por el presidente de izquierda Andrés Manuel López Obrador busca en al menos 200 puntos diferentes el paradero de los 43 con un equipo de expertos forenses y antropólogos.

Tribunales en México han confirmado mis investigaciones y desde el año pasado comenzaron a liberar a personas que injustamente estaban en prisión. Hace unos días fue liberado un grupo de 21 policías municipales acusados, incluyendo al policía Alejandro Lara. El actual gobierno protestó y acusó a los jueces de corruptos. Pero no existe en el mundo un juez decente que pudiera condenar a ninguno de los detenidos después de ver los exámenes médicos que probaban las torturas, las cuales también fueron confirmadas. Además de que no se aportó ninguna prueba pericial que los implicara en el caso. Mantener en prisión a gente inocente de este crimen ayuda a los verdaderos perpetradores a garantizar su impunidad.

Si el gobierno de López Obrador quiere saber la verdad, si el Fiscal General quiere hacer un buen trabajo, la nueva Comisión de la Verdad creada para resolver el caso debe ir a las calles de Iguala como yo fui hace cinco años y encontrar lo que está a la vista de todos. Es imprescindible que el gobierno abra un diálogo con la sociedad, y proteja a quienes den información.

DW Kolumne Anabel Hernández

Anabel Hernández

Yo sigo buscando incansablemente a los estudiantes, con el mismo empeño con el que busqué a mi padre desaparecido tras su secuestro en diciembre del año 2000. He tenido acceso a información que hasta ahora hago pública -lo que no había hecho para no entorpecer las investigaciones-, pero pienso que estos elementos pueden ayudar a abrir otras rutas para encontrar la verdad y encontrar a los 43.

El presunto dueño de la droga que provocó la desaparición de los normalistas es el narcotraficante Martín Villegas Navarrete, alias "El Elegante”, miembro del grupo de los Beltrán Leyva. Controlaba ese circuito de tráfico a Estados Unidos a través de autobuses de pasajeros, con la presunta complicidad de choferes. Desconozco si había complicidad de los propietarios de la empresa.

En 2015, el propio Martín contó este episodio en una indiscreta llamada telefónica. Una semana después de esa llamada fue detenido por la Policía Federal, pero, en vez de enviarlo a un penal de máxima seguridad como correspondía a un capo de su nivel, lo dejaron en una cárcel de mediana seguridad en la Ciudad de México, en donde vivía con todo lujo.

Lo visité el 24 de septiembre de 2016, en su lujosa celda cubierta de caoba, con un baño personal, cocineta, televisión y otras amenidades. Por lo que me dijo, era sin duda quien controlaba la zona en ese tiempo. Cuando comencé a insistir sobre el caso de los estudiantes, me miró fijamente y me dijo que él era muy amable, pero también podía matar personas.

Antes de que terminara el gobierno de Enrique Peña Nieto fue extraditado a Estados Unidos por petición de la Corte de Distrito Norte en Atlanta, Georgia, acusado de tráfico de drogas a ese país y lavado de dinero. El gobierno de México nunca lo acusó de ningún delito.

Hizo un acuerdo con la Fiscalía en Estados Unidos, se declaró culpable. En junio de 2019 pagó una multa de 800 mil dólares y lo sentenciaron a 165 meses de prisión, algo menos de 14 años. Su expediente criminal en Atlanta es el Case 1:11-cr-00390-RWS-AJB.

En la investigación que debe reiniciar el nuevo gobierno podrían interrogar a Martín Villegas Navarrete para conocer la información que tenga del caso. Que le pregunten sobre posibles cómplices y socios que operaban en Guerrero en esas fechas.

Que recuperen los muchos videos que los vecinos de Iguala tienen en su poder, al menos hasta 2016, sobre los hechos. Sobre todo a los vecinos de las calles del centro de Iguala.

Hago pública hoy una fotografía que me ha perturbado por años. Intenté que alguna universidad o estudio profesional la analizara, pero me dijeron que el resultado no era ciento por ciento seguro.

Bild zur Ayotzinapa Kolumne von Anabel Hernandez (Privat)

La dejo aquí, tal vez algunos de los lectores puedan compartir sus hallazgos si son de interés.

Esta foto la tomó durante el ataque una persona que se encontraba en la azotea de una casa en la calle donde un grupo de estudiantes fue atacado. Ahí se ve el autobús Estrella de Oro de donde fueron desaparecidos cerca de 20 estudiantes. Se ven las piernas de personas uniformadas, y se distingue atrás, al costado izquierdo del autobús, un camión abierto blanco. Cuando uno pone la foto en contraste de colores, arriba, dentro del camión, se distingue lo que parecen siluetas humanas. Cabezas y manos asomándose. Eso cambiaría de manera importante la historia, y daría una nueva pista para buscar a los normalistas.

Cuando fui a hablar con los vecinos que vivían en la casa frente a la cual estaba estacionado ese camión de redilas blanco, me dijeron que se habían mudado poco después de los ataques. Cuando hablé con otro de los vecinos tajantemente me dijo que no hablaría de eso. Como sea, es una foto tomada en el instante en que los estudiantes fueron desaparecidos. Es, probablemente, el último registro de ellos.

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Por Tomás Antonio Martín. Corresponsal

 

Mérida, 23 Sep (Notimex).- El otoño inició ya en México a las 02:49 horas de este lunes, y el clima fue propicio para observar los fenómenos arqueoastrónomicos que acompañan el arribo de esta estación del año en las antiguas ciudades precolombinas.

 

Aunque en realidad, el equinoccio de otoño (cuando el día y la noche duren lo mismo) será el próximo día 29, desde el pasado fin de semana es posible observar los fenómenos de luz y sombra que genera el desplazamiento del Sol durante el cambio de estación.

 

El especialista en astronomía, Eddie Salazar Gamboa, indicó en entrevista para Notimex, que el otoño 2019 inició formalmente este día y, desde el fin de semana pasado, empezaron a observarse los fenómenos de luz y sombra que lo acompañan.

 

“Desde tres días antes del fin del verano e inicio del otoño, es posible observar el llamado descenso de Kukulkán en El Castillo de Chichén Itzá y el paso del Sol por el llamado Templo de las Siete Muñecas en Dzibilchaltún, que son de los fenómenos más populares”, explicó.

 

El académico recordó que al año se registran dos equinoccios, cuando el día dura lo mismo que la noche y estos se dan en la primavera y otoño, dos solsticios y dos soles en el cenit.

 

El verdadero equinoccio será el próximo 29, ese día el sol saldrá a las 06:48 horas y se pondrá a las 18:48 horas, es decir, la noche y el día durarán exactamente el mismo tiempo y de ahí se deriva el nombre de equinoccio.

 

El fenómeno era de gran importancia para los antiguos mayas, así como otras grandes civilizaciones como la egipcia, pues indica hasta hoy que está por terminar la temporada de lluvias y debe iniciar la cosecha de los cultivos.

 

Durante el fin de semana, más de 500 personas llegaron a la antigua ciudad maya de Dzbilchaltún, ubicada a unos 15 kilómetros al norte de esta capital, que por primera vez abrió sus puertas para que la gente observe el espectáculo.

 

El Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos de Yucatán (Cultur) indicó que otra buena cantidad de gente hizo lo propio en Chichén Iztá, pero sería hasta este martes cuando tengan la cifra oficial de personas que acudieron a ver el espectáculo en esa antigua ciudad maya.

 

El otoño llegó también junto con pronósticos de fuertes lluvias para los próximos días, producto del paso de la onda tropical número 42 por esta región, según los reportes del Centro Hidrometeorológico Regional que opera la Comisión Nacional del Agua en esta ciudad.

 

-Fin de nota-

NTX/TAM/AEG

*Tendrá locaciones en Matamata, el Parque Nacional Tongariro, Glenorchy, las Llanuras de Canterbury y Twizel

México, 17 Sep (Notimex).- La serie El señor de los anillos, que retomará el universo de J. R. R. Tolkien, se rodará en Nueva Zelanda, país que también fue elegido por Peter Jackson para sus dos trilogías cinematográficas (2001-2014).

“Estamos felices de poder confirmar oficialmente a Nueva Zelanda como nuestro hogar para la serie basada en historias de The Lord of the Rings, de J.R.R. Tolkien”, declararon J.D. Payne y Patrick McKay, showrunners del proyecto.

De acuerdo con Amazon Studios (a serie se trasmitirá por su plataforma de streaming Amazon Prime Video), la preproducción ya comenzó y la producción iniciará en la ciudad de Auckland en los próximos meses.

“Estamos agradecidos con la gente y el gobierno de Nueva Zelanda, y especialmente Auckland, por apoyarnos durante esta fase de preproducción. La abundante hospitalidad Kiwi con la que nos han dado la bienvenida, nos ha hecho sentir como en casa, y estamos esperando profundizar esta relación en los años que vienen”, agregaron los también productores ejecutivos.

El episodio piloto de la serie que se ubicará en la "Segunda Edad", más de 3 mil años antes de lo que Peter Jackson presentó en su adaptación cinematográfica, será dirigido por el español J.A. Bayona (El orfanatoLo imposibleUn monstruo viene a vermeJurassic World: el reino caído).

De acuerdo con los productores, eligieron a Nueva Zelanda ya que es el lugar que exhibe “la belleza primordial de la Segunda Era de la Tierra Media”, un sitio “majestuoso con costas, bosques y montañas inmaculadas”.

Cabe recordar que Peter Jackson también eligió a su país natal para rodar El señor de los anillos: la comunidad del anilloEl señor de los anillos: Las dos torresEl señor de los anillos: El retorno del reyEl hobbit: un viaje inesperadoEl hobbit: La desolación de Smaug y El hobbit: la batalla de los cinco ejércitos.

Entre las locaciones que utilizó el cineasta, de acuerdo con informes internacionales, se encuentran: Matamata, el Parque Nacional Tongariro, Glenorchy, las Llanuras de Canterbury y Twizel.

-Fin de nota-

NTX/RGM/LMC

*Jorge Denti y Rapi Diego fueron los primeros maestros del fotógrafo y cineasta chiapaneco

Por Iván Santiago Marcelo

México, 18 de septiembre (Notimex).— El documentalista argentino radicado en México, Jorge Denti (San Martín, 1943) asegura que Erick Castillo Sánchez (Chiapas, 1972-Guerrero, 2019), recientemente asesinado en Acapulco, Guerrero, fue un cineasta realizado, pero —aclara— me hubiera gustado que viviera “unos 40 o 50 años más para expresar sus propios sueños”. 

      En entrevista con Notimex, el productor y director recuerda que hace unos 20 años Erick llegó a la Ciudad de México, proveniente de su natal Chiapas, en busca de nuevas oportunidades, mismas que encontró en el cine y la televisión. 

      —Vino de Chiapas, no sé qué año sería. Llegó y se vinculó. No sabía y empezó a aprender porque tenía sed de comprender. Yo tuve algo que ver en la formación de él, pero trabajando, no en la teoría.

      Denti añade que Erick Castillo —quien fuera director de Fotografía en Discovery Channel y además fundador de dos compañías de producción audiovisual— aprendió el manejo de la cámara y tuvo la valentía de salir a enfrentar la realidad de un cineasta independiente para hacer un buen trabajo. 

      Originario de Tuxtla Gutiérrez, el cinefotógrafo “tuvo la fuerza de formarse y caminar por esta vida, donde no siempre es bueno el camino… primero, tuvo la humildad de aprender y después su formación se la dieron varios realizadores y gente que conoció”. 

      —La vinculación con la gente es tan importante como la fotografía. Debes saber cómo acariciar el mundo y crear una atmósfera para que la gente se abra y te cuenten historias. Erick supo aprender el oficio de vincularse: hay mucha gente que lo quiere, porque debes hacer amigos para poder realizar este trabajo; lo aprendió y fue un camarógrafo, director de fotografía y un realizador. 

La voluntad de aprender      

Jorge Denti tiene muy presentes los momentos en los cuales trabajó con Erick, asimismo aquellos otros en los que convivieron como amigos, sin olvidar "el día en que lo vio en el ataúd y no lo podía creer, porque era muy joven”. 

      Durante la conversación, el documentalista rememora un poco y dice que él estaba trabajando en Canal 40 cuando se encontró con un joven con ganas de aprender: Erick Castillo, y se le dio la oportunidad. 

      —Había un director cubano que se llamó Rapi Diego —hijo del poeta Eliseo Diego—, quien era un realizador y cineasta; él había estudiado en Cuba y había hecho su formación en el cine cubano, se vino acá y se quedó: fue el primero que lo empezó a proteger y a enseñarle. 

      Rapi, en cierta forma, lo vinculó con la gente y así Erick hizo sus primeros “pininos” en la televisión documental, es lo que hacíamos en aquella época; yo tenía un noticiario cultural e informativo de América Latina, algunas cosas las hizo conmigo y con Rapi, ahí empezó a relacionarse. No sabía nada, pero tenía voluntad de aprender y aprendió. 

      Añade que ese fue el primer contacto que Erick tuvo con el cine documental o con los programas de televisión, “protegido por nosotros”. 

      —Le echó muchas ganas. Fue un chico que aprendió trabajando, que no viene de la academia, sino que el trabajo es su formación y se formó con realizadores; era simpático y tenía ganas de aprender, después tomó su camino. 

      “No tuvo escuela, pero tuvo la voluntad de aprender con el trabajo y lo hizo. Yo en los últimos años lo veía menos. Si necesitaba algo, lo llamaba y si no él me llamaba y quería traerme una botella y tomarnos un vino, charlar y contarme en qué estaba”, finaliza la entrevista Jorge Denti, tras expresar que Erick es un ejemplo para aquellos jóvenes con la inquietud de dedicarse a esta industria.

 

NTX/ISM/MSG/MBS

  • Una importante proporción de la pavorosa lista de personas que desaparecieron en México en una carretera, en un retén, en su casa o simplemente mientras caminaban por la calle, eran niñas, niños y adolescentes.

Anabel Hernández: contracorriente!

Los crímenes cometidos contra cualquier ser humano son reprobables. Pero aquellos que se cometen contra la población infantil y adolescente lo son aún más. Privar de la libertad o de la vida a una persona que no tiene  posibilidad de defensa o de elección -no sólo por su condición física, económica, cultural, sino tan solo por su edad-, mutila la posibilidad de un futuro viable para una sociedad.

En México la violencia es brutal de manera cotidiana. Las historias de los crímenes que se cometen en mi país dan la vuelta al mundo en los periódicos y noticieros. Por ejemplo, la existencia de una fosa clandestina ubicada en la zona conurbana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde hace unos días se encontraron 119 bolsas de plástico con restos humanos.

La imagen es abrumadora. Pero el lado más oscuro y voraz de la violencia en México se refleja en la cantidad de delitos que se cometen contra infantes y adolescentes, de entre cero y diecinueve años de edad. Si en general las víctimas adultas en México son silenciadas ¿quién escucha las voces de niñas, niños y adolescentes? ¿Quién los ve? Son victimas casi invisibles.

En los últimos 12 años de guerra entre los carteles de la droga, miles de niños y adolecentes en México han sido desaparecidos o asesinados. En esta guerra, como ocurre en otros países, servidores públicos, políticos, policías, militares, actúan como brazo armado de la delincuencia organizada, y han sido los responsables de violaciones graves a derechos humanos, incluyendo desaparición forzada y homicidio.

La lista del horror

En noviembre de 2012, antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, una fuente de información me hizo llegar una lista. Un documento en Excel que hasta ese momento no era del conocimiento público.

Cuando lo abrí en mi computadora, me estremecí. No podía creer lo que estaba leyendo. Nombre por nombre, era la lista de personas desaparecidas de 2007 a julio de 2012, que el gobierno saliente de Calderón pretendió borrar del mapa, como hicieron con las víctimas que estaban reportadas. La lista era de más de 20 mil personas, aunque otro documento aledaño a la lista, también del gobierno, decía que el número de víctimas era de 25.276 personas.

La fuente de información sabía que se pretendía destruir la lista así que me envió una copia a mí, a The New York Times, y a Los Angeles Times. Publiqué la información en un semanario en México.

Para ocultar a las víctimas mayoritarias de la guerra contra los narcos (como la llamó Calderón), cuando comenzaron a asesinar  a cientos de personas, el discurso oficial era hacer creer que las víctimas eran delincuentes, que algo malo habían hecho, que prácticamente se merecían la muerte. De este modo, nadie debía preocuparse. Ocultaron la lista no solo porque era escandalosa mundialmente, sino porque echaba por tierra el discurso oficial de que solo los "narcos", o los "malos" o los "delincuentes estaban muriendo".

En la lista estaba registrado el nombre de la víctima, la población de donde desapareció, la edad, y en algunos casos las circunstancia en las que había desaparecido, nombre del familiar que reportó la desaparición y su número telefónico. Leí uno por uno:

Desaparecido número 16. En diciembre 23 de 2010, Juana Berenice Chávez, de 13 años de edad. Desapareció en la vía pública en Irapuato, Guanajuato.

Desaparecido número 15. Paula Carina García Ortega, 15 años. Desapareció de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Desaparecidos número 777 y 779. El 26 de enero de enero de 2011, en Tlaltizapán, Morelos, "cuatro sujetos armados levantaron a tres personas, entre ellas dos menores de edad”, se señala en el reporte de descripción de circunstancias. Eran Joel Martínez Pérez, de 4 años, y Dulce Ivette Cárdenas, de 16.

Desaparecido número 12.565.  El 5 de septiembre de 2011, Hokusai Kendy Mejía Martínez, de tan solo 15 años de edad, desapareció en Oaxaca. La última vez que supieron de ella fue  cuando llamó a su hermana para decir que la habían parado en un retén policiaco para pedirle sus documentos de identificación.

Desaparecido número 769. El 23 de enero de 2011, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, después de un operativo realizado por la policía municipal, estatal y federal, Noel Jurado Duarte, de 17 años de edad.

Desaparecido número 753. El 18 de enero de 2011, en Mazatlán, Sinaloa, en la avenida Galaxia y Calle Leo, se registró la privación ilegal de la libertad de Sergio "N”, de 13 años de edad.

Pese a que la cifra de desaparecidos aumentaba, no fue sino hasta septiembre de 2011 que el gobierno federal firmó un convenio con los 32 estados de la república para homologar el método y criterios de registro de personas "no localizadas”.

Sí, una importante proporción de la pavorosa lista de personas que desaparecieron en México en una carretera, en un retén, en su casa o simplemente mientras caminaban por la calle, eran niñas, niños y adolescentes. DW Kolumne Anabel Hernández

Anabel Hernández.

Actualización periódica

La existencia de la lista fue negada durante varias semanas por el gobierno entrante del presidente Enrique Peña Nieto. Hasta que al final, en febrero de 2013, reconocieron la existencia de dicho registro el cual se tuvo que implementar en septiembre de 2011, sin que la sociedad tuviera conocimiento de ello, por las constantes denuncias de personas que se habían esfumado. A partir del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el gobierno debe actualizar la lista periódicamente y hacer público el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para maquillar la tragedia, ya que un término no es sinónimo del otro. En la desaparición se ejerce un acto de poder sobre la víctima, y las connotaciones legales son totalmente diferentes.

El último registro en el banco de datos oficial* reconoce que de 2007 a abril de 2018 han desaparecido en México 8.195 personas entre 0 y 19 años de edad, de ambos sexos. Eso significa 682 víctimas al año, casi dos al día. La cifra de infantes y adolescentes que sufrieron desaparición forzada y de quienes hasta ahora se desconoce su paradero representa casi la cuarta parte del total de 37.435 víctimas registradas en ese periodo.

Aunque la desaparición forzada en México ocurre en las 32 entidades que conforman la república mexicana, los 5 estados donde hay más desaparecidos ahora, de mayor a menor, son: Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León.

El año con más desaparecidos fue el 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hubo 5.426 víctimas. Algunos de los jóvenes que han sufrido desaparición forzada son algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, hace cinco años, mientras eran atacados en un operativo conjunto en el que estuvo presente la policía municipal, la policía estatal, la policía federal ministerial, la policía federal, y el Ejército.

En el mismo periodo, de 2007 a 2018, la cifra de niños y adolescentes que han sido asesinados violentamente en México también es brutal. De acuerdo a los registros de defunción por homicidio violento en 12 años fueron ejecutados en México 27.173 niños, niñas, y adolescentes entre cero y diecinueve años de edad. Dos mil 264 al año, seis al día.

No hay proceso de paz posible, si los niños y adolescentes siguen siendo la eterna carne de cañón de las guerras que hacen los adultos. La violencia que ha vivido México en estos últimos doce años jamás se había registrado antes. Fue a partir del 2006 que esta violencia comenzó a repuntar notablemente porque las autoridades, desde el máximo nivel, ayudaban, colaboraban, eran cómplices de un cartel de la Droga, el Cartel de Sinaloa, y con la fuerza del Estado utilizó la violencia para arrebatar territorios a otros carteles para entregárselos al Cartel de Sinaloa, lo que desató la guerra entre los grupos criminales por defender sus territorios.

* Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México.

Fuente de la nota:https://www.dw.com/es/la-violencia-el-monstruo-que-devora-ni%C3%B1os-y-j%C3%B3venes-en-m%C3%A9xico/a-50452796

 

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